Una vez más, la prolongada crisis carcelaria puso en evidencia una gran realidad y debilidad dentro del Gobierno Nacional: No un plan de crisis ni de nada para enfrentar situaciones de emergencia, pese a ser un Régimen que atraviesa por graves problemas políticos, de gestión , de credibilidad y de comunicación.

Los registros públicos dan cuenta que la reciente masacre dentro de la Penitenciaría del Litoral comenzó a reportarse desde aproximadamente las 20h00 del viernes 12 de noviembre. Mensajes en redes sociales de los mismos reclusos alertaban que otros internos, usando granadas y armas de alto poder, intentaban ingresar en el pabellón No.2, con el objetivo de asesinarlos.  

Ese mismo día y casi a la misma hora, las más altas autoridades del país, entre las que estaba su máximo representante, el presidente de la República, Guillermo Lasso; el ministro de Defensa, Luis Hernández; el gobernador del Guayas, Pablo Arosemena; incluso la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, entre otros más, departían alegremente en el Puerto Principal en la reunión por los 246 años del Cuerpo de Infantería de la Marina de los Estados Unidos.    

Un reo llegó a transmitir en vivo por redes sociales durante más de dos horas el suceso y pedía auxilio. Su audiencia en un momento fue de 14.239 espectadores, quienes seguían con estupor y preocupación su clamor por ayuda a las autoridades, hasta que aseguró que ingresaron a su pabellón y culminó la transmisión. “Tuvieron tiempo y no hicieron nada”, dijo el recluso antes de que finalizará su transmisión.          

Hasta las 02H40, las autoridades penitenciarias, Policía ni Fuerzas Armadas no pudieron controlar la situación. El terror se extendió hasta las primeras horas del sábado 13 de noviembre. El pabellón 2 quedó completamente destruido. Sus celdas con grandes agujeros en sus paredes y sus puertas con múltiples orificios de bala, de grueso calibre. El desenlace fue de 68 reos masacrados y 25 heridos, según reportó la Fiscalía 18 horas después.  

La Policía habría ingresado a las 04h30 y se habría ido a las 10H00. Informó escuetamente sobre lo sucedido. Y al final, 15 horas después del inicio de la masacre, el Gobierno anunció que haría su pronunciamiento oficial. La Secretaría General de Comunicación fue impuntual a su convocatoria, que se desarrolló dos horas después de lo programado, pero con una transmisión deficiente y con errores.

Allí, los voceros solo repitieron generalidades y ni siquiera proporcionaron el listado de los reclusos asesinados. Lo que sí hicieron fue reconocer que la Policía y las instituciones no están preparadas para enfrentar este problema.

“No había las condiciones para que el personal policial ingrese, las consecuencias hubiesen sido peores”, fue la desatinada respuesta de la comandante Tannya Varela, en relación al corte de energía que hubo en la Penitenciaría y la presencia de reos armados deambulando en los pabellones .

Al parecer, los grupos de élite como GIR y GOE, así como los comandos de las Fuerzas Armadas, pese a contar con visores nocturnos y otros equipos tecnológicos para operar en la oscuridad, no son aptos para hacer incursiones tácticas en situaciones difíciles y con condiciones hostiles.

Transcurridas 16 horas desde el comienzo de los hechos, recién reaccionó públicamente y de forma escueta el presidente Lasso. Anunció por redes sociales la reunión del Comité de Seguridad, “motivado por los últimos incidentes en las cárceles”. Pero, 28 horas después, no existe ningún resultado público de dicha reunión de trabajo.  

Aquello resulta increíble y demasiado desproporcionado ante lo ocurrido. ¿Será por quemeimportismo o porque sus asesores, funcionarios y demás colaboradores no le informan a tiempo lo que sucede a su alrededor y en el país?

Es más, Lasso fue confrontado públicamente cuando hizo un llamado de atención por redes sociales a las instituciones del Estado, especialmente a la Corte Constitucional, que antes modificó sus decretos de estado de excepción por la crisis carcelaria. Sus jueces le dijeron que no pretenda evadir sus propias responsabilidades como gobernante del país.   

La presencia del gobernador Arosemena en el reclusorio fue cuestionada por ser solo mediática y puro show, puesto que no tiene experiencia en seguridad y le ha tocado lidiar con la mayor crisis carcelaria del país. Igual ocurre con la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, y otras autoridades, cuyo paso por el Gabinete de Lasso, es vergonzoso por ineficiente.

A la par de todo lo sucedido, por la tarde de este mismo sábado 13 de noviembre se informaba de otro conato de incidentes en el mismo reclusorio, está vez en los pabellones 7 y 12, lo que evidencia una vez más, que el Estado no tiene el control de las cárceles.

Toda esa descoordinación e inoperancia es el resultado de la improvisación, de la poca o nula preparación de los funcionarios para las responsabilidades asignadas. De tener un plan de crisis o de contingencia, poder reconocer sus focos de conflicto para así poder reaccionar de forma estratégica, precisa y con una hoja de ruta a seguir, con tiempos de respuestas cortos, mensajes claros, voceros muy bien informados y la seguridad de hacer lo correcto.